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Nuevos gestores, viejas políticas

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

El TSJA dicta sentencia en contra de las pretensiones de la Consejería de Educación de Javier Imbroda, en su empeño de mantener las prácticas antisindicales de la Administración anterior.

Sevilla, 25 de julio de 2019. La recién estrenada Consejería de Educación, empeñada al parecer en defender como propia la temeraria política de su predecesora, acaba de cosechar un severo fracaso. La Sala de lo contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, ha dictado sentencia, recaída en el recurso de APELACIÓN presentado por sus nuevos gestores, mediante la que DESESTIMA por completo sus absurdas pretensiones, confirmando así la sentencia de instancia, fechada a 18 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de los de Sevilla, que declaró  VULNERADOS LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD Y A LA LIBERTAD SINDICAL, de los arts. 14º y 28.1º de la Constitución Española, mediante la INSTRUCCIÓN de la Viceconsejería, que reguló las pasadas ELECCIONES SINDICALES del 4 de diciembre de 2018.

Queda, pues, judicialmente probado que la Consejería de Educación y los cinco sindicatos integrantes de la Mesa Sectorial (CSIF, CCOO, UGT, ANPE y USTEA) acordaron que la primera de ellas les OTORGARA una DÁDIVA, contraria a la regulación legal en materia de permisos sindicales, consistente en el regalo de dos liberados totales por provincia y para cada uno de las citadas organizaciones sindicales, durante los dos meses que duró el proceso electoral, con un coste aproximado para las arcas públicas de 200.000 €. De esta forma, los cinco sindicatos mencionados acudieron a la cita electoral en situación ventajosa respecto del resto de organizaciones sindicales que, como APIA, no forman parte de la Mesa Sectorial, en flagrante VIOLACIÓN del art. 14º de la CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, viciando el procedimiento hasta el punto de poder ponerse en duda la legitimidad de los resultados de las elecciones del 4 de diciembre pasado. También ha quedado confirmada la VULNERACIÓN del precepto contenido en el art. 28.1 de la Carta Magna, que consagra el derecho fundamental a la libertad sindical, afrentándose, de lleno, la doctrina del Tribunal Constitucional (STC 98/1985 de 29 de junio), que afirma, por su parte, que “en el derecho de libertad sindical está implícita la exigencia de igualdad entre las diferentes organizaciones sindicales y la prohibición de injerencia de los poderes públicosa efectos de no alterar con su intervención la libertad o igualdad de ejercicio a la libertad sindical”.

Hemos de señalar, igualmente, la ABIERTA y REITERADA DESOBEDIENCIA que la Consejería de Educación del nuevo gobierno autónomo ha venido manteniendo, desde febrero, ante el claro MANDATO JUDICIAL, que le obligaba a EJECUTAR la sentencia sin más dilación, con independencia de la presentación del (ahora malhadado) recurso de apelación; así como la clara DETERMINACIÓN, mostrada por sus nuevos responsables, de CONTINUAR con los MODOS Y COSTUMBRES de la ADMINISTRACIÓN ANTERIOR, superándose incluso en contumacia, como demuestra el recién firmado acuerdo sobre liberaciones sindicales, que exacerba el trato discriminatorio dispensado a APIA con anterioridad a 2013 respecto de los sindicatos firmantes, haciendo caso omiso a la consolidada doctrina jurisprudencial (del TSJA y del TS) que obligó a los anteriores gestores a cesar en su inicua actuación, e impone unas condiciones draconianas a los sindicatos que no se acogen a su modelo de liberados sindicales totales. 

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EL MUNDOEUROPA PRESSLA VANGUARDIA se han hecho eco de esta nota de prensa.