La Junta recorta educación pública en Jaén mientras favorece a la privada
May - APIA
El IES Santa Catalina de Alejandría, en Jaén, ha dicho basta. Desde su departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad han denunciado la drástica reducción de plazas en su Ciclo Formativo de Grado Superior de Mediación Comunicativa: de 60 plazas se pasa a solo 23. Un recorte que no es anecdótico. Supone cerrar las puertas a decenas de jóvenes que quieren formarse en una profesión imprescindible para atender a personas sordas, sordociegas o con problemas de comunicación. Pero sobre todo, evidencia una realidad más grave: se está desmantelando la educación pública mientras se refuerzan las opciones privadas y concertadas.
El caso del Santa Catalina no es único, pero sí es muy significativo. Es el único centro público de la provincia que ofrece este ciclo, y ahora se le castiga con una reducción que deja fuera al alumnado y pone en riesgo puestos de trabajo del profesorado. A esto se suma que la Junta ha rechazado ampliar la oferta educativa con tres ciclos nuevos que el propio centro propuso: Promoción de Igualdad de Género, Educación Infantil e Integración Social. Todas formaciones con alta demanda, sentido social y salida laboral. Todas rechazadas. ¿Y a cambio? Se refuerzan esas mismas opciones en centros privados de la zona.
Lo que se denuncia desde este instituto es, en realidad, lo que muchos centros están sufriendo en silencio: la Junta de Andalucía sigue recortando líneas públicas mientras permite —y en algunos casos promueve— que esas mismas enseñanzas se abran en centros privados/concertados. Una estrategia que deja a muchas familias sin opciones, sobre todo a quienes no pueden permitirse pagar por la educación. Esto es especialmente sangrante en provincias como Jaén, ya de por sí golpeadas por la despoblación y el desempleo juvenil.
El alumnado jiennense se ve obligado a salir fuera para formarse, o a pagar por algo que debería estar garantizado desde lo público. El profesorado, mientras tanto, ve cómo sus plazas peligran y cómo se cierra el paso a una formación profesional de calidad, accesible y arraigada en el territorio.
Pero esta política de recortes no se limita a la Formación Profesional. También en el IES Santa Catalina se están suprimiendo Bachilleratos y se acaba de completar la reducción de una línea de secundaria comenzada tiempo atrás. En lugar de reducir aulas, proponemos lo contrario: bajar las ratios y garantizar una atención más personalizada evitando que el alumnado tenga que desplazarse innecesariamente para continuar sus estudios. Esta medida no solo mejora la calidad educativa, sino que también refuerza el papel vertebrador de la educación pública.
Desde APIA denunciamos esta política educativa injusta, incoherente y discriminatoria. Exigimos que se restituyan las líneas eliminadas, que se escuche y atienda a los centros que piden ampliar su oferta y que se ponga freno al desmantelamiento silencioso de la educación pública andaluza. La defensa de lo público no puede quedarse en discursos: tiene que reflejarse en hechos.
¡Basta ya de castigar a la escuela pública!
¡Defendamos una educación de calidad, gratuita y para todas y todos!
La educación pública no puede seguir siendo la gran olvidada y la gran sacrificada.