El final de este atípico curso-Covid ha sido convulso, debido a varias cuestiones candentes (la Selectividad de septiembre en junio y las prevacaciones de 4º de ESO, la selección justa-injusta de las oposiciones o la nueva circular de permisos y licencias), aderezadas con varios titulares recurrentes (el bilingüismo es un engaño, la educación es una estafa, los aprobados de despacho o la restricción y pérdida de unidades en la pública), así como la incertidumbre ante los cambios de la Ley Celaá, cesada con Alegría, o las consecuencias del Real Decreto de Iceta.
En plena canícula, mientras la Administración y las directivas se afanan en cuadrar los círculos (planificación, recursos humanos, ordenación educativa e inspección) en medio de inseguridad provocada por la pandemia, descontrolada por las nuevas variantes, una gran noticia ha venido a contentar al sector educativo: la aprobación de la Ley de Reconocimiento de la Autoridad del Profesorado, con 92 votos a favor, 11 votos negativos y 6 abstenciones.
El reconocimiento del profesorado como autoridad pública es una de las principales reivindicaciones de APIA desde su acta fundacional, dentro de su prioridad que es dignificar la profesión docente.
La Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía siempre había reclamado la necesidad de una normativa que reuniese las dispersas medidas contempladas en distintas normativas de otras comunidades y que estableciera un adecuado marco legal que otorgase protección y asistencia jurídica en casos de acoso y/o agresión de cualquier tipo (porque apoyábamos y asistíamos jurídicamente a compañeros agraviados e indefensos, impotentes ante situaciones injustas que quedaban impunes), que garantizase la presunción de veracidad en sus actos (porque defendíamos a compañeros a los que nadie creía) y ofreciese cobertura a la responsabilidad civil en el ejercicio profesional. Tras la publicación de la LOMCE, en 2013, esta reclamación se transformó en exigencia, al amparo del artículo 124.3, en el cual se establecía que los componentes del equipo directivo y los profesores debían ser considerados autoridad pública. Las reivindicaciones y la lucha de APIA se vieron reforzadas en 2015 con la reforma del Código Penal, dónde se consideraban actos de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios que se hallasen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo.
Esta Ley, cuya tramitación comenzó en febrero de 2021, supone un impulso a la figura del docente como pilar del sistema educativo, reconociendo (en el Capítulo II) no sólo la condición de autoridad pública del profesorado, sino también la presunción de veracidad de los hechos constatados por éste, así como el derecho a la asistencia jurídica y psicológica por hechos que se deriven de su ejercicio profesional. Además, se regulan las medidas de apoyo al profesorado (Capítulo III). APIA se congratula de la aprobación de esta Ley y permanecerá atenta velando por los intereses del profesorado, interviniendo activamente en cualquier situación conflictiva en defensa de cualquier docente que lo necesite y exigiendo la aplicación exhaustiva de la norma.
