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Programa electoral de APIA (versión completa)

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APIA, EL SINDICATO DE SECUNDARIA

APIA es una asociación sindical que tiene como objetivo principal la defensa de los intereses de los profesores de secundaria de la Enseñanza Pública en Andalucía. El profesorado andaluz percibe cómo año tras año ha ido perdiendo derechos y representatividad en los ámbitos de negociación laboral con la administración educativa. Y cómo la enseñanza secundaria, además, se ha ido convirtiendo en un triste y empobrecido reflejo de lo que constituye este nivel educativo en los países más avanzados.

La Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía se constituyó hace casi dos décadas con un doble objetivo. El primero, representar a los profesores de instituto andaluces en los foros de negociación oficiales tales como las Juntas de Personal provinciales, la Mesa Sectorial de Educación y la Mesa General de la Función Pública andaluza. Esta pretensión hasta el momento sólo ha obtenido un éxito parcial, dado el peculiar mecanismo de representatividad bajo el que funcionan estos órganos (Ver La representación sindical de los funcionarios en Andalucía),  que tiende a dejar fuera de los niveles más elevados de negociación a los sindicatos profesionales, con independencia del apoyo que puedan tener.

El segundo objetivo, ineludiblemente unido al anterior, es la recuperación de la Enseñanza Secundaria como un nivel que proporciona a los alumnos una formación valiosa en sí misma y a la vez tránsito al mundo profesional o de las enseñanzas superiores. Este objetivo no puede cumplirse mientras los centros educativos hayan devenido en auténticas guarderías para adolescentes donde el desorden, la mediocridad y la falta de disciplina queden apenas encubiertos por la política de regalar aprobados y títulos, siempre a costa de la profesionalidad y la dignidad de los docentes.

APIA viene a cubrir el hueco, la silla vacía, que sindicatos tradicionales y partidos políticos han dejado en su abandono de la enseñanza secundaria y de sus profesionales. Los llamados sindicatos de clase, así como otros que se precian de ser independientes y profesionales, no han hecho nada para enderezar esta deriva de la enseñanza secundaria. Resultado de esta negligencia es que trabajamos más y por menos salario que en otras comunidades autónomas en un medio laboral cada vez más degradado, mientras otros cuerpos educativos sí se benefician de la defensa de esas organizaciones.

APIA, PROFESORES EN ACTIVO

APIA está formada exclusivamente por profesores que ejercen realmente como profesores. Creemos que el modelo actualmente imperante de liberados sindicales desconecta a éstos de la realidad de los trabajadores y los vincula a los tiempos e intereses que dicta la Administración. Todos los representantes sindicales de APIA son docentes en activo, pues sólo el contacto diario con nuestra profesión permite conocer y abordar las necesidades del profesorado de Secundaria.

El modelo de funcionamiento sindical actual se halla subsumido en un organigrama cuyos tiempos y ritmos son marcados la mayor parte de las veces por la propia administración. El representante de los trabajadores, el sindicalista al uso, tiene todas las trazas de un burócrata que cada mañana acude a su oficina en la Delegación o en la Consejería igual que cualquier otro empleado. Pero separado de las aulas. Fruto de este alejamiento es una estructura descomunal sometida al dictado de unos intereses que sólo en contadas ocasiones coinciden con los de los trabajadores de la enseñanza. Organismos como las Juntas de Personal Docente, las Mesas Sectorial y General andaluzas o los Comités de Seguridad y Salud han acabado convertidos en entes cuasi inoperantes debido a los lentos y variados protocolos –y, por supuesto, a la bien alimentada docilidad de algunos– que cada asunto debe recorrer.

La Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía puede exhibir una organización donde sus representantes son profesores en activo, sin liberados ni cargos orgánicos que se dilatan año tras año en el tiempo. Consideramos premisa ineludible que los representantes de nuestra organización sean profesores que dan clase, que están en contacto con las aulas y el resto de sus compañeros. De esta manera, nuestros delegados sindicales disponen de una reducción sindical que oscila entre cinco y diez horas sobre su horario semanal; sólo los cargos de responsabilidad directiva pueden alcanzar las quince horas de reducción, como máximo.

APIA, EL VALOR DE LA INDEPENDENCIA

APIA es un sindicato independiente desde el punto de vista político y desde el económico. En un medio tan politizado como el sindical, APIA carece de servidumbres políticas y se debe sólo a los intereses profesionales del profesorado de Secundaria.

A diferencia del resto de países de nuestro entorno, el sistema educativo español se ha convertido en una opción de partido desde el establecimiento de la LOGSE. APIA apuesta por una enseñanza no partidista, donde la verdadera política consista en el mantenimiento de un marco educativo moderno, eficiente y que apueste por la excelencia. Este rechazo del partidismo –que no apoliticismo, pues cada miembro de APIA puede legítimamente profesar las ideas que en conciencia considere más oportunas– es seña de identidad de nuestra organización y principio rector de su acción sindical: Los derechos laborales del profesorado de secundaria son innegociables, gobierne quien gobierne.

Esta independencia política es tanto más auténtica por cuanto va acompañada de la independencia económica: Mientras otras organizaciones se sostienen merced a las continuas y desmesuradas inyecciones de dinero que las administraciones estatal y autonómica les proporcionan, nuestro sindicato se financia casi exclusivamente mediante las cuotas de los asociados, que alcanzan más del 98% de nuestros ingresos.

Los recursos económicos de APIA son gestionados con la máxima transparencia y tienen una procedencia muy simple: las cuotas de nuestros afiliados, que representaron el 98,68% de los mismos el pasado año 2013, por ejemplo. Los gastos de nuestra organización pueden resumirse en las siguientes partidas: gestión jurídica, desplazamientos de nuestros delegados sindicales y publicaciones. La primera se relaciona con la atención de nuestros abogados a los litigios en los que nuestra organización anda metida en defensa de sus intereses; la segunda, con el recorrido de nuestros delegados sindicales por los institutos de Andalucía; la tercera, con los materiales informativos que vamos repartiendo allí donde vayamos. Por lo demás, nuestra organización carece de todas esas fuentes de financiación que han hecho de otras organizaciones auténticos consorcios empresariales sostenidos con dinero público y que tan penoso espectáculo de corrupción están ofreciendo.

El resultado es una acción sindical propia e insobornable, no hipotecada por las prebendas que pueda conceder o no el partido de turno.

En APIA no intercambiamos servilismo por liberados sindicales; nuestra acción sindical es independiente porque somos profesores a pie de aula y no nos vendemos a cambio de dejar de dar clase. En APIA no gestionamos emporios para-empresariales regados con dinero público; nuestra única meta es la defensa de la Enseñanza Secundaria y de sus profesionales y a ello brindamos la totalidad de nuestras fuerzas.

APIA, EN DEFENSA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SIN AMBIGÜEDADES

APIA es un sindicato de funcionarios docentes que defiende la Función Pública andaluza ante al acoso y la desregulación que esta está padeciendo merced a la proliferación de agencias, empresas de capital público y fines privados, mas todo el entramado de la llamada “administración paralela” que el Gobierno andaluz ha tejido durante los últimos años. Nuestra defensa de la Función Pública es diáfana y sin ambigüedades, a diferencia del resto de los sindicatos que, buscando incrementar sus clientelas electorales, han metido en un mismo saco a funcionarios junto a quienes no lo son, bajo la calculada etiqueta de “empleados públicos”, algo que sólo puede ir en perjuicio de los derechos laborales del funcionariado y de la propia Función Pública.

Tener como meta exclusiva la defensa de la enseñanza secundaria y de sus docentes en el marco de la Función Pública andaluza, sitúa a nuestra organización en un ámbito de actuación absolutamente distinto al del resto de los sindicatos. Porque, para empezar, los tres sindicatos situados hoy en el más alto nivel de negociación pública son también los adláteres sindicales de las agencias, entes y demás chiringuitos que la Junta de Andalucía ha tejido en torno de la Función Pública para parasitarla y asfixiarla. Muestra de ello es la meditada ambigüedad terminológica que emplean cuando hablan de los “empleados públicos”, denominación con la que pretenden situar en el mismo nivel al funcionario y al enchufado, lo que contamina nuestro prestigio y buen hacer con la inmunda corrupción de la “administración paralela”, reforzando de paso los argumentos de quienes postulan severos recortes en la Administración.

Como en algún lugar quedó escrito, quien quiere servir a dos amos termina menospreciando a uno de ellos. APIA es un sindicato exclusivamente de funcionarios, no “…y de funcionarios”, como alguno se autodefine. Nuestra organización, en su defensa del funcionariado, forma parte de la Federación Andaluza de Sindicatos Profesionales Independientes, (FASPI) junto con el Sindicato Andaluz de Funcionarios y el Sindicato Médico Andaluz, cuyo cometido es la defensa de una Función Pública eficaz, transparente e independiente políticamente.

El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) es la fuerza más insobornable de la Administración General Andaluza, ámbito en el que son mayoritarios y donde están ejerciendo una incansable labor reivindicativa y de denuncia de todas las desviaciones e irregularidades que la Junta de Andalucía perpetra en beneficio de su “administración paralela”. Del Sindicato Médico Andaluz (SMA) puede decirse que, en un “sector-refugio” como es el de la Sanidad para esos sindicatos que ponen bajo el mismo rasero al funcionario y al que no lo es, se ha constituido en la organización hegemónica entre los médicos andaluces, todo un modelo de independencia y profesionalidad para sindicatos como el nuestro.

Eso es FASPI, sindicatos profesionales que se financian con sus propios recursos y defienden exclusivamente al funcionariado en un marco de negociación libre, transparente y sin subordinaciones políticas. Ese es el modelo sindical del futuro, el único posible en una sociedad que aspire a modernizarse y regenerarse.

APIA Y SPES, UNIDOS SOMOS MÁS FUERTES

APIA forma parte de la federación SPES, Sindicatos de Profesores de Enseñanza Secundaria, que aglutina organizaciones de todas las comunidades autónomas para la defensa a escala estatal de los intereses del profesorado de Secundaria y de un modelo educativo capaz de dar respuesta al derecho ciudadano a recibir una enseñanza de calidad donde el esfuerzo y la excelencia sean valores prioritarios. Además de por APIA, SPES está constituida por la Asociación de Profesores de Secundaria (Aragón), el Sindicat de Professors de Secundària (Cataluña), la Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria (Castilla-León) y la Asociación de Profesores de Secundaria (Navarra), organizaciones junto a las cuales espera organizar en toda España a un profesorado que no acepta el lugar subsidiario donde ha sido abandonada la enseñanza secundaria en las dos últimas décadas.

Las organizaciones que forman SPES han surgido todas con la misma inquietud de poner una voz propia a los profesores de instituto. SPES es una federación que nació con la voluntad de aunar los esfuerzos que hasta ahora venían realizando distintos sindicatos de Secundaria en pro de una enseñanza pública de calidad, en defensa de los derechos de los profesionales de la docencia y con el objetivo de extender la organización a todas aquellas Comunidades Autónomas que todavía no cuentan con asociaciones de profesores de instituto. SPES propugna una reforma del sistema educativo que escuche de una vez la voz de los auténticos “expertos”, los docentesque recupere la calidad de una enseñanza pública que nunca debió perderse y que se encuentra hoy, por culpa de las sucesivas reformas educativas, en proceso de reconversión hacia una subsidiarización respecto de la privada concertada y remitida, cada vez más, a funciones meramente asistenciales.

Actualmente, SPES está promoviendo la gestación de organizaciones de profesores de instituto en aquellas Comunidades Autónomas donde todavía no las hay, pero sí un clamor entre sus docentes de secundaria hasta ahora no atendido por los sindicatos educativos al uso. El horizonte final es una gran confederación de sindicatos de profesores que haga valer sus demandas al más alto nivel y sin “intermediarios” no deseados, y, en definitiva, devuelva al profesorado el poder de decisión sobre su propio destino que políticos, supuestos expertos y sindicalistas profesionales le han usurpado.

APIA, EN DEFENSA DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA

Apostar por la pública

El peso de la enseñanza privada en España, especialmente en Primaria y ESO, es desproporcionado en comparación con el resto de países de la Unión Europea; mientras que la media de alumnos escolarizados en centros privados en la UE es del 14% –y en muchos países como Italia, Finlandia, Polonia o Islandia la presencia de la privada es poco más que testimonial– en España ese porcentaje casi se triplica, el 35%. Andalucía, aunque con una cifra  menor a la media nacional (24%), tampoco es ajena a esta anomalía.

La mayoría de estos alumnos (un 31% en España y un 22% en Andalucía) se escolariza en centros concertados. Esta red de centros, de titularidad y gestión privada pero sostenidos íntegramente con fondos públicos, detrae recursos que podrían ir destinados a la enseñanza pública y compite deslealmente con ella, al ejercer una selección del alumnado más o menos encubierta que tiene como consecuencia que la mayoría del alumnado desfavorecido o con necesidades especiales termine siendo escolarizado en centros públicos.

Y sin embargo, más allá de proclamas y mojigangas, la enseñanza pública no tiene defensores ni entre las Administraciones ni entre los sindicatos. No es sorprendente la predilección del Partido Popular por la enseñanza privada, y la LOMCE no hace sino confirmarlo; pero sí es necesario desenmascarar la actitud de las Administraciones socialistas que, a pesar de las reiterativas autoalabanzas en su declarada defensa de “la escuela pública”, no han dado un solo paso en esa dirección, no solo manteniendo sino aumentando los conciertos.  De hecho, Andalucía es la Comunidad en la que más han crecido los centros concertados en los últimos 10 años.

Del mismo modo, los sindicatos alardean y se declaran defensores de “la escuela pública”. Pero precisamente los más combativos y ruidosos en esas proclamas no tienen empacho alguno en sacar rentabilidad en el caladero de votos del profesorado de la enseñanza privada, para el que han conseguido la homologación en sus condiciones salariales con el profesorado de la pública; aunque están mucho menos interesados en incluir en esa homologación las condiciones de acceso, sustituyendo el contrato a dedo del empresario por un mecanismo público y transparente, o la movilidad.

APIA, lejos de ambigüedades y demagogias, puede afirmar que es la organización con la postura más nítida: únicamente representa a los profesores de la enseñanza pública y, en consecuencia, defiende exclusivamente el sistema público.

Esta defensa se plasma, en primer lugar, en la demanda de una red de centros de titularidad pública que garantice plazas escolares para todos los alumnos, así como la extinción progresiva, hasta su desaparición, de los conciertos educativos con centros privados financiados con recursos públicos. Estos centros concertados, además, deben ser despojados de cualquier trato preferente que la Administración pueda otorgarles.

Por otro lado, somos también conscientes que ese objetivo solo se conseguirá con un imprescindible cambio radical de las políticas educativas que han desarbolado la escuela pública; es necesario devolverle el prestigio y atraer de nuevo a los centros públicos a las amplias capas de población que han huido hacia la privada por la  percepción social de descrédito en que los han sumido la demagogia y los errores de las últimas décadas.

Incrementar y mejorar la eficiencia del gasto

El gasto público en Educación en España  se ha estimado para 2014 en algo más de 45.000 millones €, lo que representa un 4,4% del PIB; este porcentaje –que además no ha dejado de caer desde 2008– significa un esfuerzo claramente inferior a la media de los países de la Unión Europea, que alcanza el 5,25%. Más del 11% del mismo (casi 6.000 millones) se destina a financiar los conciertos con los centros privados, cantidad que casi se ha duplicado en los últimos 15 años.

La mayor parte de este gasto es responsabilidad de las Comunidades Autónomas; y Andalucía sale muy mal parada frente al resto, especialmente en la enseñanza no universitaria. El gasto público por alumno no universitario supone unos 6.000 € de media en el conjunto del Estado; pues bien, Andalucía es –junto con Madrid– la comunidad que menos invierte: los 5.000 € andaluces suponen la mitad de la inversión del País Vasco (10.000 €) y está muy lejos del esfuerzo realizado por otras comunidades como los 8.000 € de Navarra o los 6.800 € de Castilla y León.

Pero a la escasez de recursos se suma su ineficacia. Es imprescindible que el gasto educativo se invierta realmente en la enseñanza, comenzando por la creación de una amplia plantilla de profesores con empleo estable y dignamente remunerado y por la dotación de los recursos materiales indispensables para el correcto ejercicio de su labor docente.

Andalucía no solo invierte menos que en el resto de las Comunidades, es que además lo destina a capítulos muy peculiares. Si bien Andalucía representa el 16% del gasto educativo estatal, nuestra contribución a Educación Compensatoria supone más del 50% del total nacional y en Investigación Educativa somos punteros: gastamos mucho más que todas las demás Comunidades juntas, el 81% del total.

Particularmente orgullosa se muestra la Consejería de su catálogo de Planes y Programas Educativos: Igualdad y Coeducación, Convivencia y Escuela Espacio de Paz, Profundiza, Aldea, Comunidades de Aprendizaje, TIC, Fomento de la Cultura emprendedora,...Cada uno de ellos con su burocracia, publicaciones, jornadas, subvenciones, congresos, observatorios...

Pues bien, ni uno solo de ellos ha sido evaluado. Nadie sabe cómo influyen, si es que lo hacen, en la mejora de los resultados educativos –o de la convivencia o de “los valores”– de los alumnos o centros que disfrutan de estos planes. Ni siquiera es posible saber si el generalizado y costosísimo reparto de ultraportátiles o tabletas ha elevado alguna de las competencias en las promociones de alumnos que los han recibido.

Por tanto, todos aquellos organismos, planes y programas creados por la Administración educativa, deben ser sometidos a un proceso público y garantista de evaluación, de manera que aquellos que no hayan demostrado fehacientemente su utilidad en la mejora real de la enseñanza deberán desaparecer de inmediato y sus recursos derivados a la contratación de docentes y a la cobertura de los gastos materiales de los centros educativos.

Asimismo, y con idénticos fines, debe ser replanteada la política de subvenciones de la Consejería, que será igualmente sometida a un procedimiento de evaluación con objeto de impedir la canalización de recursos económicos tanto a sindicatos como a asociaciones de dudosa utilidad.

Así que no es únicamente un problema de cantidad de recursos, sino de eficiencia. Si bien es cierto que el gasto es bajo también lo es que no ha dejado de crecer hasta la llegada de la crisis. Y, sin embargo, los resultados educativos no han mejorado y nos mantienen tercamente en los últimos puestos nacionales. Tan prioritario es aumentar los recursos económicos como reorientar el gasto, taponando los numerosos sumideros inútiles en los que se pierde el dinero público.

APIA, EN DEFENSA DE LOS PROFESORES DE SECUNDARIA

APIA es el único sindicato que defiende exclusivamente y en toda su amplitud los intereses de los profesores de Secundaria. Actualmente, la estructura verticalizada de la representación sindical y la existencia  de un único marco de negociación laboral “no universitario” en conjunto con la Enseñanza Primaria distorsiona en perjuicio del profesorado de Secundaria la defensa de sus derechos y reivindicaciones.

En efecto, los mecanismos de representación sindical de los profesores están hoy muy lejos de responder al criterio democrático de proporcionalidad. Los grandes sindicatos generalistas son premiados obteniendo representación en cualquier mesa de negociación, aunque ningún elector los haya votado en dicha mesa. De igual forma, los sindicatos presentes en una mesa general, como es la de Función Pública, obtienen automáticamente delegados en las mesas sectoriales que emanan de ella, aunque en ese sector concreto no representen a nadie.

Podría parecer razonable si, efectivamente, la Mesa General de Función Pública de Andalucía representara a todos los funcionarios y sólo a los funcionarios. Pero no es el caso. El Estatuto Básico del Empleado Público contempla la creación de dos mesas generales de negociación diferentes: una de funcionarios y laborales (art. 36.3) y otra sólo de funcionarios (arts. 34.1 y 3). Lamentablemente, sólo la primera funciona efectivamente y ha usurpado de hecho la identidad de la segunda. Más aún, federaciones sindicales como FASPI, a la que pertenece APIA han sido vetadas de la Mesa General de Función Pública pese a contar con más del 10 % de los delegados del sector, que es la condición legal para ello. El argumento ha sido su escasa representatividad entre los laborales, dándose así la paradoja de que un sindicato encuentra tanto más obstáculos para acceder a la Mesa General de Función Pública cuanto más decididamente apoya a los funcionarios.

Pero hay más. Los intereses creados de los grandes sindicatos presentan la actual Mesa Sectorial de Docentes no Universitarios, que agrupa a los docentes de Primaria y de Secundaria, como una institución consagrada, fuera de discusión. En realidad, el Estatuto Básico del Empleado Público no especifica en ningún lado la existencia de esta mesa. Frente a casos como los de la Mesa Sectorial de Sanidad o de Justicia, la regulación de las mesas de negociación en Educación requiere aún de un desarrollo normativo que sigue siendo materia pendiente. Entre tanto, la Mesa Sectorial de Docentes no Universitarios funciona sólo en virtud de una práctica consuetudinaria, que podría ser cambiada tan sólo con que los sindicatos presentes en la Mesa General de Función Pública así lo acordaran (EBEP, art. 34).  

En esas condiciones, considerar zanjado el tema de la separación entre las mesas sectoriales de Primaria y Secundaria es sólo una cuestión de principios formulada por los sindicatos cuyos votos proceden mayoritariamente de la Primaria y que utilizan la mayoría numérica de los docentes de Primaria en los censos electorales como arma para imponer sus criterios en un sector esencialmente diferente. No se trata de defender que unos intereses profesionales sean más legítimos que otros, se trata simplemente de reconocer que son intereses diferentes y que todos merecen su adecuada representación. Atar las negociaciones sindicales de la Primaria y la Secundaria tiene tan poco sentido como lo tendría atar ambas a la Enseñanza Universitaria.

En tanto conseguimos volver a situar en la agenda del profesorado y las administraciones esta reivindicación, creemos imprescindible situar en todas las mesas de negociación una voz que hable con claridad en nombre de los profesores, llenando el hueco que otros sindicatos no quieren o no se atreven a cubrir. Hay toda una lista de asignaturas pendientes que hasta el momento han sido eludidas por quienes dicen defender a todos los docentes no universitarios:

Regulación de la jornada laboral.

Exigimos una regulación clara de la jornada laboral en la Enseñanza Secundaria, que determine el número preciso de horas imputables al horario de permanencia en el centro y a su distribución en horario regular, lectivo o no, y horario no regular. Basta de considerar los horarios como un cajón de sastre en el que acomodar cualquier ocurrencia de la Administración, la Inspección o las directivas.

Exigimos un horario lectivo cerrado de 18 horas semanales, considerando horas lectivas todas aquellas en las que haya atención directa al alumnado. Eso significa que las guardias deben incluirse en el horario lectivo.

Exigimos que se compute como horas de permanencia todas las que transcurran efectivamente en el Centro, incluidos los recreos.

Dignificación de la profesión docente.

Es precisa la creación de una normativa o estatuto que delimite con claridad las funciones del profesor, que son exclusivamente docentes, dejando aquellas funciones ajenas a su competencia (mantenimiento, seguridad, inspección higiénica, atención sanitaria, etc.) en manos de los cuerpos profesionales a los que correspondan.

Es necesario regular con total precisión las responsabilidades en las que puedan incurrir los profesores en su trato diario con alumnos y otras personas presentes en los centros, muy en particular en la gestión de riesgos y emergencias. Asimismo, es necesario un decidido respaldo de las Administraciones Educativas al profesor en este ámbito.

Es preciso que el futuro Estatuto Docente proteja y aliente la libertad pedagógica y de cátedra del profesor. Corresponde a las Administraciones Educativas decidir cuánto se debe enseñar, pero no cómo se debe enseñar.

Es necesario que dicho Estatuto y sus desarrollos normativos salvaguarden la labor de los profesores de las cada vez más frecuentes arbitrariedades y situaciones de acoso por parte de la Administración.

Es preciso corregir la deriva autoritaria del concepto de dirección, eliminando la creciente discrecionalidad atribuida al Director en aspectos disciplinarios y pedagógicos, así como en la definición de puestos específicos y en el nombramiento y traslado de docentes.

Es necesario redefinir la Inspección Educativa, despolitizándola y transformándola en un cuerpo estatal, de carácter exclusivamente académico y dividido por especialidades, al que se acceda exclusivamente por concurso-oposición desde el cuerpo de Catedráticos.

El reconocimiento del profesorado como autoridad pública debe hacerse efectivo: exigimos un desarrollo reglamentario inmediato de artículo 124.3 de la LOMCE, que permita perseguir cualquier delito cometido contra los profesores en el ejercicio de su profesión.

Retribuciones.

Exigimos la recuperación de los derechos salariales perdidos en los últimos años. APIA no considerará aceptable ninguna solución que no implique el retorno a las catorce pagas anuales completas, la devolución de todo lo que ha dejado de percibirse ilegítimamente como resultado de los años de recorte y la actualización al IPC de la masa salarial del 2009.

Exigimos la homologación de la masa salarial del profesor andaluz con la media estatal de las masas salariales autonómicas. El profesor andaluz no puede seguir sometido a un permanente agravio comparativo.

Exigimos la desaparición de cualquier tipo de discriminación salarial hacia los profesores de Secundaria respecto al resto de los cuerpos docentes en Andalucía.

Acceso a la Función Pública.

Es preciso reactivar urgentemente los procedimientos de acceso a la Función Pública y racionalizar la oferta de empleo público mediante concursos-oposición coordinados a nivel estatal que incluyan todos los puestos docentes consolidados.

Defendemos en todos los procedimientos los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, plasmados en la exigencia del concurso-oposición, en el que predomine lo académico sobre otros aspectos, tanto para el acceso a la Función Pública como para el paso de un cuerpo a otro.

Defendemos la eliminación de la formación pedagógica y didáctica de Postgrado como requisito de acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. La formación didáctica u organizativa que las administraciones educativas consideren imprescindible deberán impartirla durante la fase de prácticas. No es tolerable que sólo a los futuros profesores se imponga la obligatoriedad de un Máster costoso y de dudosa utilidad, que además fuerza al futuro profesor a renunciar a un Máster que le permita profundizar en su especialidad.

Movilidad y promoción profesional.

Exigimos el establecimiento de un sistema justo y transparente de provisión de puestos de trabajo, con Concursos de Traslados que vayan precedidos por la publicación de todas las vacantes a las que se concurre, sin perjuicio de que se pueda elegir además optar a las resultas, tal como ocurre actualmente en otros cuerpos de la Función Pública.

Defendemos que, tal como ocurre en otras Administraciones autonómicas, cada Concurso de Traslados vaya acompañado de un procedimiento de asignación de destinos provisionales en régimen de comisión de servicios, el llamado "concursillo", en el que los funcionarios con destino definitivo puedan participar voluntariamente.

Exigimos que los principios de transparencia y equidad gobiernen efectivamente todos los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, tanto en concursos de traslados como en comisiones de servicio y oferta de puestos específicos.

No es tolerable que sigamos viendo cerradas las vías de promoción de nuestra carrera profesional. Es precisa la inmediata convocatoria de oposiciones y plazas que den acceso a Cátedras en los institutos y en los conservatorios, así como vías de acceso a los cuerpos docentes universitarios.

Enseñanzas específicas.

Exigimos la recuperación de las enseñanzas preparatorias del acceso a Ciclos Formativos de Grados Medio y Superior y del acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años para los profesores de Enseñanza Secundaria, conforme con lo dispuesto por las Leyes educativas del Estado y tal como sucede en otras comunidades autónomas.

Es imprescindible y urgente dotar de medios suficientes a las Enseñanzas Artísticas y las Escuelas Oficiales de Idiomas, con objeto de disponer de unas instalaciones, unos medios económicos y una ratio profesor-alumnos adecuados a la importante labor que vienen ejerciendo.

Y como fin último, ante la evidencia de que la Enseñanza Secundaria posee todo un marco de problemas bien delimitado que es preciso abordar desde unas posiciones precisas y sin ambigüedades, creemos inexcusable el establecimiento de mesas de negociación específicas para las enseñanzas de Secundaria que aborden estos asuntos y todos cuantos puedan surgir, así como de un sistema de representación sindical basado en la proporcionalidad democrática de los votos.

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