Proteger la salud –y la vida– de trabajadores, alumnos y familiares debe ser actualmente la prioridad para toda la sociedad –también para la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía–.
Si bien nos resulta evidente que la educación presencial en la mejor modalidad de enseñanza para nuestros alumnos, todos podemos estar de acuerdo que cerrar temporalmente las instituciones de enseñanza hasta que se consiga frenar esta tercera ola del COVID-19 que estamos padeciendo es la medida más urgente y necesaria en estos momentos. Más todavía cuando las autoridades recomiendan a las empresas y trabajadores que realicen, si es posible, su actividad on line; y si algún grupo social ha demostrado su capacidad de adaptación y estar suficientemente preparado para continuar su labor a distancia, es el colectivo docente.
Durante el confinamiento que empezó en marzo y se prolongó hasta finales de junio del curso pasado, las clases nunca se dejaron de impartir y los profesores dedicaron toda su energía y conocimiento a continuar en contacto con sus alumnos impartiendo clases a través de internet como si lo hubiesen hecho así toda su vida. Es más, todos los docentes andaluces han previsto en sus programaciones la posibilidad de volver a una situación de confinamiento. La educación a distancia es un modalidad educativa con muchas limitaciones, especialmente para menores de edad, que necesitan el contacto cercano para ir avanzando en la comprensión de nuevos contenidos; pero la posibilidad de contagiarse, enfermar y transmitir a otros el virus de la COVID-19 es una realidad cada vez más cercana en los centros educativos.
Antes de comenzar este curso defendimos que para garantizar la distancia de seguridad que solo es posible si se baja la ratio, el mejor modelo, a persar de sus inconvenientes, era el de semipresencialidad; y así se ha considerado en muchos centros andaluces donde los claustros de profesores han elegido esta opción. Sin embargo, hay muchísimos institutos en los que los directores o inspectores de educación boicotearon esta posibilidad y obligaron a mantener grupos de 30 alumnos o más, apretujados en las aulas con la excusa de que el uso de mascarillas y el mantener puertas y ventanas abiertas era suficiente para defenderse del virus. ¿Se habrán dado cuenta ya de lo irresponsable que fue esa decisión?
A día de hoy, con los hospitales en una situación, como poco, comprometida para el normal funcionamiento, y algunos encontrandose muy cerca del punto de colapso, como nos vienen diciendo en los distintos medios de información, es urgente tomar medidas extraordinarias. Desde el gobierno de la Junta de Andalucía se restringen los horarios de libre circulación, toque de queda de 22h a 6h, aunque nos piden que nos quedemos en casa desde las 20h, además de evitar reuniones de más de cuatro personas, algo manifiestamente incumplido en las aulas de cualquier centro educativo. Por desgracia, tomando toda la región andaluza como referencia, la evolución del número de casos COVID-19 confirmados sigue al alza, aunque el Consejero de Educación ha declarado en Canal Sur TV que los centros educativos continuarían con su actividad normal. Creemos que con los datos objetivos con los que contamos y con el esfuerzo que se le está pidiendo a la población en general, de salir lo menos posible, es comprensible que en la enseñanza se continúe con una modalidad no presencial durante un periodo determinado de tiempo, mientras exista una elevada presión sobre los recursos hospitalarios.
Pero, ¿está el sr. Imbroda dispuesto a ejercer su responsabilidad y tomar una decisión difícil, pero sin duda necesaria?
