Es una de las reivindicaciones que APIA lleva años demandando para defender al profesorado andaluz; Ayer, en el Parlamento de Andalucía, se ha dado un paso más hacia su aprobación tras varias negativas llevadas a cabo por las anteriores administraciones.
Esta ley pretende dar un respaldo al trabajo y a la figura del profesorado andaluz ya que le otorgará la consideración de autoridad pública en el ejercicio de sus funciones, así como la presunción de veracidad en sus declaraciones. Además, garantizará la asistencia jurídica y psicológica al profesorado de los centros públicos.
La norma, en proceso de aprobación, intentará garantizar los derechos del profesorado en el ejercicio de la función docente, como el de recibir el trato, la consideración y el respeto que le corresponde, tanto dentro como fuera de las instalaciones educativas, por parte del alumnado, las familias, el resto de los profesores y el personal restante que presta su servicio en el centro docente.
