Principe de Lampedusa

4 de febrero de 2010

Por más buena disposición que se tenga, es imposible dar la menor credibilidad a la propuesta del ministro. El documento es una colección de lugares comunes a los que el ministerio y nuestra entrañable Consejería nos tiene acostumbrados y por eso mismo resulta sorprendente la sola pretensión de que la propuesta sea tomada como novedad. Ni siquiera la aceptación formal del requisito del esfuerzo y del trabajo por parte de los alumnos puede ocultar la apuesta –ya tradicional- por el papel estelar que la ideología oficial reserva al resto de los “agentes”, en consonancia con la visión externalista de la educación que impuso en su día la Logse y que impera hoy con carácter absoluto.

La colección de “retos” que podemos encontrar en el documento confiere igualmente un sabor tradicional a la propuesta y los errores que contiene, como el que proclama la necesidad de “que ningún estudiante se vea privado de continuar estudiando por falta de recursos económicos, elevando (sic) los umbrales establecidos para tener derecho a becas”, puede que tengan algún oculto significado.

Por lo demás, la retórica acostumbrada, tan plena de nobles objetivos como carente de soluciones reales, que no refleja más que la consuetudinaria incapacidad de las autoridades ministeriales para arbitrar un verdadero remedio al descalabro creado por dos décadas de errores continuados.

En nada queda la propuesta de convertir el 4º de la ESO en un curso “orientador” porque ya lo es a todos los efectos. Y en nada cambia el título de graduado, obtenido al finalizar la etapa, porque, como ocurre ahora, servirá del mismo modo para acceder tanto al bachillerato como a la formación profesional de grado medio. La consecuencia lógica es que el anémico bachillerato español conservará el dudoso honor de seguir siendo el más breve de todos los países de nuestro entorno socioeconómico.

El inmovilismo –en grado de bunkerización- de las autoridades educativas queda patente a lo largo de toda la propuesta y es particularmente ostensible en el capítulo dedicado a la autonomía de los centros y la evaluación: un calco de las mismas recetas que encontramos en las recientes conclusiones de la comisión de educación del parlamento andaluz y en el proyecto de nuevo reglamento orgánico de los institutos que promueve la Consejería de Educación. Extraña casualidad que solo puede producir la consiguiente zozobra.

Aunque parece que el ministro no se opone a cambiar la Ley Orgánica de Educación si fuera necesario, es desalentador que lo plantee solo para el calendario de las pruebas de diagnóstico y que cometa el desliz de ligar el resultado de las evaluaciones al final de la enseñanza primaria, no con la aplicación de las reformas que fuesen necesarias en esta etapa, sino con la adaptación de la enseñanza secundaria a las insuficiencias de la primera. Otro disparate colosal.

En resumidas cuentas, la única conclusión que cabe extraer de la propuesta del ministro es su notoria incapacidad para ofrecer solución alguna. Por eso, lo mejor que podría hacer en estas circunstancias sería dejar el cargo y retirarse con discreción.