Boletín nº 99

17 de enero de 2010

Convergiendo Peligrosamente

Si bien puede sorprender agradablemente que la subcomisión de educación del parlamento, de mayoría socialista, haya recogido en el informe recientemente elevado al consejo de gobierno de la Junta una descripción detallada del lamentable estado de nuestro sistema educativo, al tiempo que hace alguna que otra concesión a la racionalidad cuando, por ejemplo, destaca la necesidad de “potenciar los valores del esfuerzo, la responsabilidad personal y el mérito”, la sensación se desvanece rápidamente al constatar que el discurso está contaminado en grado sumo por la jerga mareante de la consejería y que la mayor parte de las propuestas no constituyen novedad alguna. O son reediciones de otras anteriores (made in Consejería) o no van más allá de la mera declaración de intenciones.

Y es que, en el fondo, afloran las contradicciones propias del que se ha visto obligado por las circunstancias a reconocer la gravedad de un problema pero no alberga la menor voluntad de reconocer su responsabilidad en el origen del mismo. Solo así puede explicarse que después de describir la realidad descarnada de la enseñanza pública en Andalucía se afirme que estamos “plenamente homologados” con nuestro entorno cercano. Y que se resalte nuestra elevada equidad: un reparto igualitario de la miseria más formidable.

No podemos conceder crédito alguno a un dictamen que, ya en el preámbulo, destaca la responsabilidad trascendental del profesorado en el desastre educativo, llegando a afirmar que ha existido “un acuerdo total” entre los comparecientes en “mejorar el nivel de formación del profesorado”, cuando las propias actas de las sesiones demuestran su falsedad (al menos APIA, en ningún momento de su intervención, hizo alusión alguna a semejante cosa). Ni tenemos por qué transigir con las posiciones dogmáticas de la Consejería, su indisimulada fobia por el conocimiento (“logocentrismo” en su argot ultrapedagógico) y su atávico desprecio por los valores que han de presidir un sistema educativo que se tenga como tal; aspectos –todos- que la subcomisión hace suyos (actuando de correa de transmisión).

En el apartado de propuestas relacionadas con los profesores, y en consonancia con lo anterior, podemos apreciar la misma devaluación de la profesión docente que promueve activamente la Consejería, al incidir sobre aspectos secundarios de la formación del profesorado a la vez que se desprecia el imprescindible conocimiento de las materias que se han de impartir. Por eso suenan huecas las alusiones a la mejora de nuestras condiciones de trabajo y a la desburocratización de la función docente que no se materializan en propuestas concretas , como la inmediata supresión de tareas que nada tienen que ver con nuestra profesión y la regulación con carácter de urgencia de la jornada laboral, a fin de impedir que la Consejería prosiga con su política activa de irreconciliar a toda costa las vidas familiar y laboral de sus apreciados docentes.

Pero lo que resulta particularmente denigrante es que la comisión parlamentaria se haya prestado a las pretensiones de la Consejería de endosarnos, aprovechando la ocasión, su programa de calidad, a pesar del rechazo masivo y reiterado que ha cosechado entre los profesores de secundaria. No puede haber mejora de la educación en Andalucía que se forje contra la opinión de los docentes, mediante soluciones arbitradas por los expertos ideólogos que la han llevado a la catástrofe. Sin embargo, todo parece indicar, y así se desprende del dictamen, que la Consejería está resuelta a reeducarnos en sus “buenas prácticas docentes”, por las buenas o por las malas, sin importarle lo más mínimo la flagrante violación del derecho constitucional a la libertad de cátedra que ello pueda suponer.

Hubiéramos preferido que la subcomisión optara por hacer propuestas realistas, desmarcándose del poderoso influjo de la Consejería, en vez de solicitar que se reconozca nuestra autoridad magistral y académica, mientras desestima nuestra sugerencia de despolitizar por completo la inspección educativa (condición sine qua non para garantizarla) o hace como que no se entera del rechazo que la propuesta de considerarnos autoridad pública ha cosechado en el parlamento nacional por parte del partido que nutre mayoritariamente la comisión. Una verdadera burla que tiene como máxima expresión la solicitud, carente de contenido jurídico alguno, de “promover ante la fiscalía la calificación de atentado” de las agresiones de que somos objeto.

La apuesta por avanzar en la autonomía de los centros se materializa en propuestas que parecen dirigidas exclusivamente a dotar a los directores de plenos poderes, en el sentido más exacto del término. A conferirle autoridad absoluta para que ordenen y organicen todo, mientras se les libera de carga docente. Carece pues de sentido que una de las propuestas ensalce la participación democrática en la elaboración del Plan de Centro o que en otra se fije un plazo máximo para la cobertura de las sustituciones si la competencia se transfiere a quienes finalmente gozarán de plena autonomía para hacer lo que quieran.

Sobre la banalidad que supone querer arreglar la penosa situación actual promoviendo absurdos “compromisos” educativos y de convivencia con las familias, mientras se rehúye solicitar de los poderes públicos que hagan efectivo el Estado de Derecho dentro de los institutos o el ejercicio responsable de la patria potestad, poco hay que comentar. Capítulo aparte merecen las reflexiones y propuestas contenidas en el dictamen referidas a los medios de comunicación. Una vez más el componente ideológico muestra una peligrosa inclinación por la ingeniería social que solo puede producir una lógica inquietud.

Nunca albergamos demasiadas esperanzas de que la subcomisión fuera capaz de promover la profunda y auténtica reflexión que la situación de la educación en Andalucía hubiese requerido. Pero al leer el dictamen del que tan orgullosos dicen sentirse sus propios inspiradores, hemos vuelto a constatar la práctica imposibilidad de que los cambios radicales que la realidad educativa demanda para homologarnos con los países de nuestro entorno vengan de la mano de los propios responsables del desastre que hoy sufrimos. A esta conclusión contribuye igualmente un hecho sorprendente que se comenta por sí solo: párrafos enteros del dictamen aparecen literalmente reproducidos en el borrador de decreto de reglamento orgánico de los institutos (ROC) que se ha hecho público recientemente. El hecho de que las tesis –y las intenciones de la Consejería- que encontramos en el borrador, aparezcan literalmente reproducidas en un texto de elaboración colectiva (los tres grupos políticos de la cámara) que además –dicen- ha incorporado sugerencias de las treinta organizaciones comparecientes, constituye la prueba más evidente de que el legislativo ha acabado convirtiéndose en una réplica del ejecutivo, un peligroso camino que entorpecerá cualquier solución.

(En este enlace podrás acceder al documento completo de análisis del dictamen elaborado por la subcomisión de educación "para la convergencia educativa de Andalucía" del parlamento andaluz)

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